coalición ha puesto en su programa: lucha contra la corrupción, reforma del Poder Judicial y
fiscalía general. (Sandor Zsiros, 2021). El incremento de La corrupción en Latinoamérica se
debe a que los gobiernos y sus más altos funcionarios están involucrados en temas de
malversaciones, TID, sobornos, lo que conlleva a una pérdida de credibilidad en las
instituciones. (Garcia, 2021), además estos funcionarios de confianza no tienen preparación
técnica o profesional y nula experiencia en gestión pública, lo que da como resultado:
proyectos que son monumentos al soborno, obras mal hechas, paralizadas, inservibles o
innecesarias como subproducto de la corrupción. (Paredes, 2021). Entonces, podemos señalar
que la corrupción es un problema grave que involucra a gobiernos y a sus más altos
funcionarios, no es un fenómeno episódico, sino un problema de carácter histórico,
estructural y sistémico lo que conlleva a que la población pierda credibilidad en sus
instituciones.
Existen grupos bien financiados con capacidad de «comprar» regulaciones e, incluso, leyes,
a cambio de financiar generosamente al partido en el gobierno, esto explicaría porque hay
causas abiertas a políticos, sobre todo alcaldes, investigados por corrupción.(Villoria, 2021)
así mismo una municipalidad con mayor proporción de ingresos no tributarios atrae a
políticos corruptos que tienen ventajas para ganar elecciones, aun con mucha competencia
política, gracias a la utilización de mecanismos ilegales o tácticas de fraude para la
consecución de votos (ANDES, 2020), podemos señalar que ocho distritos y la provincia
Espinar, Cusco, Perú; recibieron casi 1000 millones de soles, al cambio en dólares
americanos en esas fechas, 300 mil millones de dólares aproximadamente por canon y
regalías mineras entre 2005 - 2019. Parte de ese dinero se invirtió en “proyectos de
desarrollo” que no impulsaron ninguna mejora. (Salcedo, 2020),entonces, podemos inferir
que es el momento para plantear las reformas políticas necesarias, la transparencia en las
compras e inversiones públicas, y la injerencia y participación activa del ciudadano en la
toma de decisiones y control de la función pública. Si a esto sumamos que el perfil de los
problemas transmitidos por los medios de comunicación públicos, está influido por el poder
político del gobierno de turno. Y en el caso de la línea editorial de los medios de
comunicación privados, por los criterios del mercado dado su rol empresarial, hasta el punto
de que los argumentos objetivos “han sido reemplazados por un periodismo de trinchera cuya
agresividad sólo es comparable a su laxitud y permisividad, dada su falta de compromiso con
las reglas más elementales de imparcialidad informativa y contrastación de las fuentes”
(Laguna, 2020).
En la encuesta realizada por Transparencia Internacional entre mayo y diciembre de 2016, a
22.302 personas en 20 países de toda América Latina y el Caribe en las que fueron
interrogadas acerca de sus percepciones y experiencias de corrupción, manifestaron que La
corrupción está en aumento, de los cuales, tres cuartas partes o más de los encuestados en
Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostienen que la corrupción aumentó (entre el 78% y el 87%),
así mismo, aproximadamente la mitad de los encuestados señalan que casi todos o todos los
policías y los políticos son corruptos (47% en ambos casos), además, más de la mitad de las
personas manifiestan que su gobierno mantiene un mal desempeño en la lucha contra la
corrupción (53%). Solamente el 35% sostiene lo contrario: que el gobierno está actuando
eficazmente, cabe destacar, que casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos,
pagó soborno (lo cual equivale a más de 90 millones de personas en los 20 países
encuestados), donde, los índices más elevados de soborno se observan en relación con la
atención de la salud y las escuelas, de un total de seis servicios siendo estos: escuela pública,
hospital público, documentación personal, servicios públicos, policía y tribunales, cabe